El niqab a juicio

Niqab en un juicio

El pasado mes de agosto, una mujer musulmana rechazó la petición de un juez de quitarse el velo integral o niqab durante un juicio oral en Reino Unido. La mujer estaba siendo juzgada por un delito de intimidación a un testigo y el juez del caso Peter Murphy dictaminó que no era posible que vistiera el niqab durante el proceso. Lo que el juez alegaba era que la acusada debía poder ser identificada en todo momento, ya que otra persona podía hacerse pasar por ella, y que si persistía en su decisión de no descubrirse, sería acusada de desacato al tribunal. Para el juez debía primar el asegurar un proceso con todas las garantías frente a cualquier demostración del derecho a la libertad religiosa de la acusada, por lo que la instaba a descubrirse para que el tribunal pudiera reconocerla. Los abogados de la acusada fundamentaron la negativa de su representada alegando que como musulmana no podía mostrar su rostro a los hombres que estuvieran presentes en la sala y que no tuvieran un parentesco inmediato con ella, y que si le obligaban a ello se vulneraría su derecho a la libertad religiosa y se iría en contra de la política de tolerancia religiosa que se practica en Reino Unido hacia la vestimenta islámica. El caso terminó aplazándose y la polémica trascendió más allá de los tribunales. Finalmente, el juez P. Murphy decidió al mes siguiente que la acusada podía acudir al proceso vistiendo el niqab pero bajo una serie de condiciones: la acusada debía cumplir con todas las instrucciones dadas por el tribunal para poder ser correctamente identificada en cualquier momento; si tuviera que hacer una declaración, tendría que descubrirse; mientras estuviera declarando, la acusada podría ocultarse del resto de la sala detrás de una mampara o declarar a través de una televisión, siempre y cuando el tribunal y el resto de abogados pudieran verla; y, finalmente, tendría la garantía total de que ninguna imagen de su rostro sería difundida.

Tipos de velo islámico

En una de sus primeras intervenciones tras su reciente nombramiento, Lord Thomas de Cwmgiedd,  máxima autoridad judicial de Gran Bretaña, señaló que para este tipo de casos lo mejor era adoptar una posición más pragmática y que para poder solventar este tipo de cuestiones y evitar entrar en polémicas, se debía facilitar a quien así lo quisiera la posibilidad de que le tomaran declaración utilizando las nuevas tecnologías, lo que además ahorraría en costes y supondría una mayor apertura de la justicia al ciudadano. En todo caso, había que adoptar una serie de recomendaciones a las que los jueces pudieran acudir cuando se enfrentaran a este tipo de circunstancias, y con ello lograr reducir la trascendencia social que suelen adquirir estos casos y reducirlos a la  normalidad.

El uso del velo integral en un juicio lleva siendo polémico desde hace algunos años, pero este último caso logró transcender hacia la esfera política británica. En pleno debate sobre los problemas de integración de la comunidad musulmana, algunos miembros del gobierno opinaban sobre el caso, como el viceprimer ministro Nick Clegg, quien con cautela declaraba que no era partidario de establecer prohibiciones sobre la vestimenta, y que los funcionarios públicos y los políticos no deberían decidir sobre los códigos de vestimenta de sus ciudadanos, aunque admitía la necesidad de establecer alguna regulación para ciertos espacios; o la ministra de interior Theresa May, quien defendía el derecho de las mujeres a decidir la vestimenta que creyeran más adecuada, incluyendo el velo islámico, aunque aceptaba que por cuestiones de seguridad pudiera establecerse algún protocolo. En cambio, algunos miembros conservadores del Parlamento mostraron su profundo rechazo, como Sarah Wollaston, quien abogaba porque las mujeres renunciaran a los códigos de vestimenta de sus culturas para lograr emanciparse; o el exsecretario de justicia Kenneth Clarke, quien declaraba a los medios que era partidario de prohibir el uso del velo en un juicio por la importancia que tiene el lenguaje corporal para determinar la veracidad de las declaraciones de un testigo.

Con cautelas o sin ellas, la mayoría de los políticos británicos opinan que en algunas circunstancias se debe establecer algún criterio jurídico sobre la vestimenta -en este caso de las mujeres- en los espacios públicos. Y en sede judicial, todos coinciden en que esta exigencia se debe dar por motivos de seguridad, por la necesidad que hay de comprobar la identidad de los implicados en un juicio.  En realidad,  no habría problema en satisfacer esta última exigencia, dado que siempre sería posible que la persona se identificara cada vez que así se le requiriera atendiendo a las circunstancias concretas del caso, pero la mayoría de las reticencias al uso de prendas que cubran el rostro en un juicio se han motivado por la necesidad que tienen los jueces, abogados y miembros del jurado de comprobar la veracidad del testimonio de quien está realizando una declaración.

Casos parecidos han ocurrido en España y fueron solventados de igual forma, sorprendentemente, por el mismo juez. El primer caso se dio cuando una mujer se negó a quitarse el burka cuando fue citada para testificar en un caso en el que se juzgaba una red de captación de muyahidines para Irak. La mujer alegaba que sus creencias religiosas le prohibían mostrarse en público y que además ya se había identificado ante una agente antes de entrar en la sala, pero el juez justificaba su decisión en que el principio de publicidad que rige en las vistas orales obliga a declarar con el rostro descubierto para comprobar la veracidad de la declaración. Finalmente, y tras discutirlo en privado en el despacho del juez y en presencia de su abogado, la testigo accedió a descubrirse el rostro cuando el juez le ofreció hacerlo sólo ante los miembros del tribunal y mostrando tan solo el óvalo de la cara. El otro caso similar se dio cuando el mismo juez expulsó de la sala a una abogada musulmana porque se negó a retirarse el hijab que vestía. Aunque la ley no lo prohíbe expresamente, el juez hizo gala de la potestad que tiene como “policía de estrados” para decidir si una prenda se ajusta o no al “respeto y dignidad que merece la Justicia”. La abogada decidió pedir amparo al Tribunal Constitucional, quien todavía debe decidir si como dice la recurrente se han vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad religiosa, al respeto de la vida privada y a la no discriminación.

De estos casos sorprende cómo algunos miembros de los tribunales tienden a hacer una interpretación esencialista de la vestimenta religiosa, sin darse cuenta de que en el fondo lo que consiguen es dotarle de una significación simbólica que no tendría mayor trascendencia si no se hubiera elevado a polémica. Por mucho que se enmascaren estas decisiones sobre la prevalencia que tienen las leyes civiles -y laicas- sobre las normas religiosas, la credibilidad de un testigo o la dignidad de quien acude a un juicio no tendría porqué verse cuestionada por el hecho de expresar una convicción. Lo fundamental para determinar la credibilidad de una persona debe ser el análisis e interpretación de los argumentos que esgrime en el careo, y no las supuestas reacciones ante las cuestiones que le planteen. Restar credibilidad a una persona por el mero hecho de mostrar un símbolo religioso supone discriminarla y negarle el derecho a una tutela judicial efectiva, y la supuesta imparcialidad judicial se ve fundamentada en prejuicios. Resulta más sencillo pensar que el motivo principal por el que una mujer musulmana vista una prenda religiosa se debe únicamente a sus convicciones y como forma de respeto a los demás y, por supuesto, a la justicia.

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El amamantamiento también es tabú en los tribunales. El vacío legal que hay al respecto hace que se hayan creado situaciones polémicas; y en lugares donde sí hay leyes que permiten amamantar en público, se siguen creando.

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